Por:Zaida Margarita Villanueva Hernández
Estudiante en la Lic. de Derecho #UNAM
Colaboradora de #RevistaDivergencia
Posts, carteles, propagandas, así como el uso coloquial de esta frase se escucha y se usa con mayor frecuencia de la que quisiéramos; el aludir al no violentar a este sector de la población nos hace querer repensar el contexto en el que vivimos, donde las niñas, niños y adolescentes se han visto involucrados como víctimas directas y/o indirectas.
Muchas veces se quisiera que, aún con toda la ola de violencia que atraviesa el país, no nos viéramos envueltos en estas situaciones, sin embargo, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo personas en una situación de vulnerabilidad muy alta.
De entre de las múltiples violaciones a los derechos fundamentales de este sector, hoy quiero compartir con ustedes el contexto de explotación sexual que se vive en nuestro país y que, a pesar de que no es un delito donde la víctima exclusiva sean las niñas y niños, así como los adolescentes es de las más recurrentes.
Tengamos en claro que este delito existe cuando se involucra de manera sexual a este sector poblacional con la finalidad de satisfacer los intereses y deseos de otras personas a cambio de una remuneración económica u otro tipo de beneficio o regalía.
Es muy importante establecer a su vez que la explotación sexual no es sinónimo de la prostitución, puesto que esta última es definida como la «actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otras, a cambio de dinero» es decir, que la persona que participa lo hace (en el mejor de los casos) desde el libre ejercicio de su voluntad y recibe directamente algún beneficio previamente pactado, pero en la explotación sexual las personas involucradas no deciden libremente iniciarse y mantenerse en la práctica de la actividad sexual, sino son introducidos y mantenidos mediante el engaño y la violencia sin obtener un beneficio de ningún tipo por el abuso que han hecho de su cuerpo.
En México, este delito está propagado por todo el país, pero eso no resulta lo más preocupante, sino que, lo realmente preocupante es que no existen cifras, ni mediciones de las víctimas o sus afectaciones, sólo se tienen aproximaciones y por ende las políticas públicas y las legislaciones son insuficientes en tanto no se conoce el estado de la problemática
Tan sólo en el dos mi veintel, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México mencionó que el sesenta y tres por ciento corresponde a la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual y el noventa y cuatro por ciento de las víctimas son niñas o mujeres.
Lo cierto es que, aún cuando no hay datos precisos de dicho delito, lo que vemos son datos generales cuando el hecho delictivo ya ocurrió, pero seguimos saltándonos la prevención, la cual sigue sin abordarse con la seriedad que se necesita, así como la importancia en el acompañamiento de las víctimas con una perspectiva en derechos humanos.
Aún con todas estas deficiencias, la culpa no sólo es atribuible a un sistema de justicia deficiente, sino que, como en todo, existen otros factores que contribuyen a la ejecución de este delito; no está de más mencionarlos pues la pobreza, las redes de tráfico infantil, las crisis humanitarias, así como el desarrollo de la industria sexual a nivel mundial han jugado un papel fundamental.
Sin embargo, no existe una fórmula secreta para erradicar dicha violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y evitar de tajo los efectos del mismo, pero aún con un escenario fatalista, nos queda la opción de repensar la forma en la que abordamos el cuidado, atención y protección a este grupo vulnerable.
No se trata de únicamente subsanar los vacíos legales que
puede haber en la legislación o política pública para la protección a niños,
niñas y adolescentes sino también de tomar un compromiso social serio, en el
cual con pequeñas acciones estemos un paso más cerca de proteger íntegramente a
la niñez y a la adolescencia en todas sus aristas.
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