Por: #IsabelMartínez
Lic. Derecho #UNAM
Directora de contenido #RevistaDivergencia
En nuestro sistema político, el #Municipio tiene una gran relevancia político-administrativa, ya que representa el contacto primario con la ciudadanía y es el primer encargado de proporcionar los #servicios básicos para el desarrollo de la comunidad de una determinada área geográfica, cuya acción del gobierno municipal es de generar resultados particulares, adecuados a cada circunstancia y tomando en cuenta las #acciones dirigidas a la realización de obras y servicios públicos, infraestructura, desarrollo urbano, servicios asistenciales, educativos, ecológicos, culturales entre otros.
Lo anterior se funda y motiva a la letra del artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual define al Municipio como un ente público constitucional investido de #personalidad jurídica y con patrimonio propio para la adecuada gestión de los problemas públicos que satisfagan las exigencias sociales y económicas, de tal forma que, está autorizado para aprobar de acuerdo con las #leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados; reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la #participación ciudadana y vecinal.
No obstante, la experiencia empírica en nuestro país demuestra que dicha relevancia en los temas de #gobernanza y gobernabilidad en la que se hace partícipe al Municipio, queda supeditada a una entidad políticamente superior, lo que hace que la distribución de los #beneficios sociales a los que pueda acceder, se torne disperso y desigual; generando con ello aparatos y mecanismos administrativos ineficientes a la realidad que enfrenta cada municipio y tenga como consecuencia, la imposibilidad de atender las exigencias que plantean sus respectivas #comunidades.
Cabe destacar que, ante lo expuesto, el municipio como #institución jurídica de Estado enfrenta grandes retos en el siglo XXI para generar lazos ciudadanos, pero no hay que dejar desapercibido que el contacto y proyección de comunidades fuertes se genera con una visión y gestión eficiente de sus #finanzas públicas, por ello, es de vital importancia el estudio, protección, resguardo y seguridad jurídica del patrimonio municipal.
Ahora bien, como ya se planteó en el epígrafe primero, su actuar se encuentra sujeto a #deficiencias e irregularidades normativas que generan diversos riesgos que los gobiernos municipales deben controlar en el ámbito de su #autonomía, por lo que es necesario ubicar las deficiencias del marco regulatorio local sobre el manejo, control, seguridad y operación de los bienes propiedad municipal.
Hablar sobre el gobierno municipal y en particular de su #gestión administrativa, es un tema especialmente crítico, puesto que, el problema de la falta de un estricto control patrimonial se acrecienta en la gran mayoría de los municipios en los cambios de administración municipal electa, ya que cada ayuntamiento electo, por cierto periodo, se plantean prioridades, sistemas y estilos de trabajo distintos que, en la mayoría de los casos, los avances alcanzados y la información obtenida por cada #ayuntamiento se pierde.
Es por ello imperativo establecer un mejor sistema de #control del patrimonio municipal, que permita custodiar de una manera clara y concreta dicho patrimonio y que facilite, además, hacer un aprovechamiento óptimo bajo una #explotación racional de los recursos con los que cuenta el ayuntamiento y así asegurar las #finanzas públicas municipales y el ejercicio del buen servicio público.
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