Por #BernardoAmbriz
Colaborador de #RevistaDivergencia
Es compleja, delicada y difícil la situación #educativa que se vive en nuestro país, ya que lo que se conoce como los “#factoresreales de poder” en términos de Ferdinand Lasalle, han estado viciados por la clase política predominante hasta este momento, puesto que la verdad se disipa cada vez más ante distintos #mediosdecomunicación subordinados a los intereses de unos cuantos para ocultar la verdad y mostrar una <<realidad>> ficticia.
Este #26deseptiembre se cumplen seis años desde la desaparición forzada de #43estudiantes normalistas de #Ayotzinapa. Es por esto que la sociedad civil #demanda y exige la #aparición con vida de cada uno de ellos y el #castigo a las y los responsables que hayan participado en la comisión de dicho delito.
Debido a una serie de maquinaciones y obstáculos procesales y judiciales a nivel nacional, en el mes de junio del 2018 se decretó la formación de una #Comisióndeverdad para una integración <<completa>> de la investigación mal llevada, es decir, una #subsanación a la misma, tomando en consideración a las víctimas y ofendidos a través de expertos en el tema.
Y con base en evidencias y declaraciones se puede observar que hubo #participación de la policía en todos sus #niveles de gobierno predominante, de militares y hasta del propio #Narcotráfico. El motivo: <<desaparecer a los estudiantes>>.
Es importante señalar que con base a la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia que fue creada el 4 de diciembre de 2018 mediante un decreto oficial de Enrique Peña Nieto, publicado en el Diario Oficial de la Federación tuvo como objeto primordial el #esclarecer la verdad (esto relacionado con uno de los principales objetivos del #nuevosistema penal). De igual manera, la misión de asistir a las y los familiares de las #víctimas de dicho caso en todo lo conducente para esclarecer los hechos, con apego a los #DerechosHumanos, incluyendo un adecuado #accesoalaJusticia y un #debidoproceso para conocer la verdad.
A pesar de ello, hasta el momento se desconoce aún un gran número de interrogantes, debido a que se trata de un asunto de índole relevante y trascendental de carácter nacional e internacional, en el cual existen #interesespolíticos inmersos y por ende, a unos cuantos no les beneficia que se sepa la verdad ante la opinión pública.
Por ende, como ciudadanos y ciudadanas es fundamental hacer uso de todos los instrumentos jurídicos factibles viables, para poder así llegar a una verdad sólida y mediante éstos, sancionar a todas y todos los que hayan participado en este hecho delictivo que vulneró la esfera jurídica de cada uno de los estudiantes, evitando la #corrupción e #impunidad que en nuestro país cada día se hace más latente y exigiendo que todas las autoridades lleven a cabo sus funciones dentro del marco legal que se les otorga, sin dejar a un lado el principio de legalidad, señalado en nuestra carta magna.
Es de vital importancia que el #Estado Mexicano ahora con la #cuartatransformación haga mucho más énfasis y una investigación más detallada sobre los hechos que acontecieron dicho día, ya que la actual carpeta de investigación tiene muchas deficiencias y contradicciones. Por lo que hace mucho más importante y fundamental que haya presión Internacional hacia el Estado Mexicano para que se llegue a una conclusión congruente, en donde se cumplan con los nuevos preceptos del nuevos sistema de justicia penal adversarial que son: el esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune, la #reparación del daño y proteger al inocente.
Pero para poder realizar y llevar a cabo en lo facto con cada uno de los nuevos objetivos del sistema penal de corte #adversarial, es necesario que haya #autoridades verdaderamente facultadas, capacitadas, imparciales y objetivas para que exista una solución, real, concreta y fáctica para las víctimas y ofendidos directos e indirectos que resulten de este caso que aún no ha podido resolver el Estado Mexicano.
Aquí la cuestión planteada es ¿Qué hizo y qué está haciendo el actual gobierno para reparar el daño y castigar a los culpables principalmente? Considero que para responder a esta interrogativa tenemos que ver todas las #omisiones que sucedieron desde el cabeza del ejecutivo federal, hasta llegar a lo que antes era la #PGR (Procuraduría General de la República), antecedentes que no concuerdan con el reporte que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido a la serie de contradicciones notorias que establece cada institución.
Quisiera destacar que uno de los principales Derechos que se violentaron y que casi no se habla es precisamente el #DerechoalaSalud por negligencia médica y omisión de atención, resentidas por las víctimas cuando hubo un enfrentamiento entre los propios estudiantes y las <<autoridades>> cuando en los camiones en donde viajaban los estudiantes y los jugadores de los #avispones de Chilpancingo fueron interceptados por policías en primer momento y éstos empezaron a aventar piedras y gas lacrimógeno obligándolos a descender del camión.
En conclusión, puedo decir que ha habido, hay y seguirá habiendo negligencias y omisiones de tal tamaño y de gran impacto como ésta si de verdad no se toma en serio su papel de gobierno el propio gobierno, llámese <<La 4T>> o de otra manera; y que el Estado Mexicano en todo uso de sus facultades, elementos y efectivos debe de proteger a la sociedad civil, no atacarla y mucho menos reprimirla cuando ésta quiera y deba ejercer sus Derechos.
