Por: #AnaAzamar
Lic. En Derecho #UNAM
Colaboradora de #RevistaDivergencia
Para muchos de nosotros resulta obvio acostumbrarnos a todo lo bueno con rapidez, podemos habituarnos a todas aquellas cosas o circunstancias que nos producen un grado mayúsculo de bienestar, de comodidad o de felicidad, no obstante, los seres humanos hemos desarrollado una gran capacidad para adaptarnos al dolor y al sufrimiento, como mecanismo de defensa, sin embargo hay una delgada línea entre soportar esas situaciones difíciles y complejas de padecimiento y aflicción para poder progresar, y el hecho de normalizar el sufrimiento y dolor que causa la violencia o la impunidad, por ejemplo, ante esas situaciones podemos caer en un proceso de volvernos insensibles.
Lo anterior aplica para los <<Crímenes de Estado>>,mucha gente normalizó las omisiones o acciones que realizaron muchos de los servidores públicos al servicio del Estado (en cualquiera de los tres órdenes de Gobierno) en contra de los derechos humanos, de los derechos colectivos, del patrimonio de la nación, del medio ambiente, entre muchos otros; poco a poco, hechos como la ausencia del Estado en Michoacán, donde el narcotráfico asolaba a la población civil con secuestros, cuotas de extorsión, aislamiento de comunidades y contubernio con las policías y presidentes municipales, se volvieron hechos tan comunes que se optó por ser indiferente antes ellos, el caso del Gobernador Javier Duarte en Veracruz, quien ordenó sustituir el tratamiento de los niños con cáncer por agua.
Existen hechos como Tlatlaya o Ayotzinapa, donde muchos mexicanos indolentes incluso, justifican el horrendo crimen de Estado perpetrado principalmente por elementos de las fuerzas armadas mexicanas de los tres niveles de gobierno. Tristemente somos insensibles al dolor, sufrimiento y consecuencias negativas que provocan la violencia, la impunidad y la corrupción, nos hemos malamente acostumbrado a sufrir o ver sufrir sin reaccionar.
Recientemente se dio a conocer que en los sexenios de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto se instauró un espectacular, elaborado, sofisticado y fino sistema de espionaje ilegal a ciudadanos y figuras públicas, y pese a las implicaciones que tiene, gran parte de la sociedad mexicana parece que permanece indiferente, como si se tratara de un acontecimiento intrascendente.
En ambos periodos presidenciales, se decidió que las acciones para restablecer la seguridad pública y lograr el bienestar social tenían que estar encaminadas a combatir a los carteles traficantes de todo tipo de droga, que, dicho sea de paso, se habían fortalecido previamente en los sexenios anteriores; así lograron convencer a muchos mexicanos de que lo mejor para México en materia de seguridad era que el Gobierno Federal centrara sus recursos, acciones y esfuerzos en abatir al crimen organizado de una forma frontal, grotesca y locuaz; de ese modo vimos transcurrir 12 años en los que la sociedad civil perdió poblados enteros (2011: caso Municipio de Allende, Coahuila, arrasado por un ataque Z), familias completas (masacre de una familia ocurrida el 15 de julio de 2016 en Ciudad Victoria, Tamaulipas), vimos miles de desaparecidos, secuestros, torturas, balaceras en escuelas y hospitales, todo a causa de una guerra que hoy sabemos nunca se quiso ganar, pero en aquellos tiempos no lo sabíamos, simplemente parecía que la fuerza y organización de los grupos criminales era infinitamente superior a la del Estado Mexicano; , los señores capós eran <<invencibles>>, pues no sólo se caracterizan por ser violentos, salvajes y sanguinarios, también tenían la peculiaridad de ser multimillonarios, circunstancia que les permitió obtener lo último en tecnología de punta y desarrollar una infraestructura de ventas y de seguridad que suponía una impenetrabilidad de cero, sin embargo, en entre los años de 2011 y 2012 se firmaron contratos en los que se adquiría un sistema de espionaje, supuestamente comprado para combatir al crimen organizado, pero se combatió todo (desde defensores de derechos humanos y del medio ambiente, periodistas y comunicadores, hasta líderes políticos y sociales), menos al narcotráfico o crimen organizado, lo anterior léase en tono dramático, por que en verdad así lo fue, así se vivió.
Así que mientras las instituciones al servicio de país, pero bajo las órdenes de los entonces presidentes Peña Nieto y Calderón se entretenían espiando las más íntimas conversaciones de personas que no eran delincuentes, los criminales secuestraban y asesinaban familias enteras, realizaban ajustes de cuentas en vías públicas a mitad del día, desmembraban a sus rivales, pagaban grandes sobornos a soldados y marinos del Estado, compraban o postulaban diputados, presidentes municipales, gobernadores, entre muchos otros, en tanto que la población civil en muchas partes de México se bañaba en dolor y sufrimiento.
El lector debe de saber que los actos brevemente narrados no cuentan ni el uno por cierto de las consecuencias negativas que tuvo el hecho de omitir vigilar y encarcelar a los criminales del narco, descuidando la seguridad de país al proteger en general a los cárteles del crimen organizado, por vigilar y acechar a ciudadanos que incomodaban a los Gobiernos en turno por manifestar críticas y encabezar movimientos que entorpecían sus ruines fines de enriquecimiento a toda costa.
Dichos actos de espionaje implican consecuencias jurídicas complejas, debido a que, los actos de espionaje se encuentran prohibidos por la Constitución en su artículo 16, y por el Código Penal Federal en su artículo 177, por lo que la infracción de estos es y debe ser castigada.
Lo más sorprendente de esto es que fue el Ejecutivo Federal quien violentó a un sin fin de personas es sus derechos fundamentales, cuando el deber que tenía era el de protegerlos y garantizarlos.
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