Por: Zaida Villanueva
Lic. En Derecho, UNAM
Colaboradora de Revista Divergencia
Ya sea visto como una actividad de decisión libre o forzada, esta ocupación se desarrolla desde un contexto complejo de discriminación social y laboral, que se caracteriza por los prejuicios, la pobreza y la falta de oportunidades en el mercado formal; el trabajo sexual se ha convertido en una opción de subsistencia para muchas personas.
Sin embargo, la ausencia de normas que reconozcan esta práctica como un trabajo permite la existencia de políticas públicas que lo criminalizan y reprimen, elevando con ello la vulnerabilidad de quienes lo ejercen.
La prostitución no es una institución que se deba romantizar o minimizar, es bien sabido que es controlada (en su mayoría) por hombres y mantenida mediante la violencia; si bien a una pequeña escala puede ser -en algunos casos- un negocio consensuado sobre el que la mujer ejerce un cierto control, la realidad demuestra que se trata de un grupo minoritario, de apenas un 5%, donde la mujer tiene libertad de consentimiento
Es de dominio público que hablar de esto no presupone un debate fácil, pues es polémico y versas diversas opiniones que se enfrentan entre sí pero el punto principal debe concentrarse en que, a través de una visión más delimitada se debe velar por la no discriminación pues dicha actividad día con día es un foco rojo donde se vulnera y margina a las personas que de dicha actividad forman un ingreso para subsistir.
Asimismo, quienes ejercen trabajos sexuales, están obligadas a vivir bajo un marco normativo que apenas cuenta con protección frente a las diversas violencias que se enfrentan, eso sin tener en consideración la discriminación, criminalización y estigmatización que viven.
Pero aquí el debate no es si es correcto o no, lo importante es que el objetivo principal (en lo que se resuelve este debate moralista) es el de conseguir la mayor protección posible de las personas que ejercen trabajos sexuales, poniendo como principales responsables al Estado quien tiene la obligación de garantizar un ambiente de no violencia.
No sólo es el trabajo de eliminar cualquier tipo de discriminación sino también hacer una labor en la concientización y eliminación de las desigualdades estructurales, así como de los estereotipos de género que grandes problemas ya nos han acarreado. La criminalización no es la respuesta a este problema, legislar para criminalizar no sirve si no se atienden cuestiones tan trascendentales como la protección en todas sus formas a las personas que por cuestiones propias o por razones de violencia terminaron ejerciendo estos trabajos.
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