TORTURA EN MEXICO: UNA REALIDAD QUE SE SIGUE NEGANDO

Por:  #ZaidaMargaritaVillanuevaHernández

Est. de Lic. en Derecho  #UNAM

Colaboradora #RevistaDivergencia

Cuando una tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes nos referimos uno de los principales escenarios donde estas prácticas son más comunes de lo que quisiéramos encontrarnos en México como protagonista, que de la mano con diversas autoridades, en su mayoría las Fuerzas Armadas y la Policía, cometen esta violación a Derechos Humanos, muchas veces imperando la impunidad.

A pesar de que dichas conductas están tipificadas en la diversa legislación nacional, es importantísimo recalcar que existen diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que tratan de prevenir, sancionar y erradicar dichas conductas en los estados parte.

 Tan sólo en México, (que forma parte de dichas Convenciones), el Estado se ha visto envuelto en varias casos como “Radilla Pacheco” (2009), “Fernández Ortega y otros” (2010), “Rosendo Cantú y otros” (2010), “Cabrera García y Montiel Flores” (2010) y “García Cruz y Sánchez Silvestre” (2013), en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al mismo por responsabilidad en actos de tortura y maltrato, ordenando que las autoridades mexicanas llevaran a cabo investigaciones exhaustivas con la finalidad de determinar responsabilidad penal y administrativa a  los servidores y las servidoras públicas que incurrieron en los hechos, cometiendo así tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como reparar el daño a las víctimas de los casos ya mencionados.

 Hablando como violación a Derechos Humanos, la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en nuestro país los vemos con mayor presencia en dos escenarios: en los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la autoridad competente.

A pesar de los esfuerzos de distintos organismos de protección a Derechos Humanos y aún cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos trabaja en acuerdo con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos a través del Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura, siguen existiendo este tipo de prácticas en las cuales el Estado Mexicano trata de negar o maquillar su existencia.

 Aun cuando existen diversos instrumentos jurídicos donde se castiga  la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dichas acciones siguen sucediendo día con día; la falta de capacitación de las autoridades que mantienen un primer contacto con las personas detenidas hasta el personal que labora dentro de los centros penitenciarios en todo nuestro país, aunado a la corrupción, violencia e impunidad por la que atraviesa nuestro país, se siguen cometiendo diversos hechos que tienden a incurrir en una violación al derecho a la integridad personal.

Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se ha demostrado que la tortura y los malos tratos son acciones generalizadas dentro del territorio nacional donde de igual forma se ha comprobado que es utilizada como método de investigación y obtención de confesiones, así como para la fabricación de culpables; por otra parte, también se ha observado que existen ciertos contextos que privilegian la existencia de esta práctica violatoria de Derechos Humanos y estas son las detenciones arbitrarias y el arraigo. se ha observado que ciertos contextos favorecen la tortura, tales como las detenciones arbitrarias y el arraigo.

Por lo que robusteciendo lo sostenido por la Comisión, se investigaron dichos actos a lo largo de la República Mexicana y se demostró que existe incidencia de quejas por tortura y malos tratos en Chiapas con 4,321 quejas, Ciudad de México con 3,143, Quintana Roo con 2,662, Durango 2,555 y finalmente Nuevo León donde se han registrado 2,522 quejas.

Al tener claras estas cifras es necesario que las autoridades mexicanas adopten medidas urgentes y efectivas para que la vulneración a la integridad de las personas no siga existiendo con tanta frecuencia y normalización en nuestro país.

 Una de las primeras acciones que serían un buen comienzo para prevenir es hacer comparecer sin demora ante un juez a todas las personas detenidas, llevar a cabo de manera inmediata todas las denuncias por tortura y malos tratos, la realización de exámenes médicos inmediatos a las personas detenidas, dotarlas de una asistencia jurídica de calidad, realizar un registro adecuado de todas las detenciones realizadas, entre generar otras medidas preventivas en el momento de la detención y claro en el seguimiento de su proceso.

Tristemente, las deficiencias del sistema de justicia en México tienen un papel tan fundamental en la Comisión del tipo de tortura y otras formas de malos tratos que la tarea para prevenir y en su caso sancionar implica una labor complicada, pero que, sin duda implicaría un gran cambio para nuestro país.