Lic. Derecho #UNAM
Colaborador de #RevistaDivergencia
Es compleja, delicada y difícil la situación educativa que se vive en nuestro país, ya que lo que se conoce como los «factores reales de poder» en términos de Ferdinand Lasalle, han estado viciados por la clase política predominante hasta este momento, puesto que la verdad se disipa cada vez más ante distintos medios de comunicación, subordinados a los intereses de unos cuantos para ocultar la verdad y mostrar una «realidad» ficticia.
El pasado 26 de septiembre se cumplieron siete años desde la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, es por esto por lo que la sociedad civil demanda y exige la aparición con vida de cada uno de ellos y el castigo a las y los responsables que hayan participado en la comisión de dicho delito.
Debido a una serie de maquinaciones y obstáculos procesales y judiciales a nivel nacional, en el mes de junio del 2018 se decretó la formación de una «Comisión de verdad» para una integración «completa» de la investigación mal llevada, es decir, una subsanación a la misma, tomando en consideración a las víctimas y ofendidos a través de expertos en el tema.
Con base en evidencias y declaraciones se puede observar que hubo participación de la policía en todos sus niveles de gobierno predominante, de militares y, hasta, del propio Narcotráfico. El motivo: «desaparecer a los estudiantes».
Es importante señalar que con base a la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia -que fue creada el 4 de diciembre de 2018 mediante un decreto oficial de Enrique Peña Nieto, publicado en el Diario Oficial de la Federación- se tuvo como objeto primordial el esclarecer la verdad, (esto relacionado con uno de los principales objetivos del nuevo sistema penal). De igual manera, la misión de asistir a las y los familiares de las víctimas de dicho caso en todo lo conducente para esclarecer los hechos, con apego a los Derechos Humanos, incluyendo un adecuado acceso a la Justicia y un debido proceso para conocer la verdad.
A pesar de ello, hasta el momento se desconoce aún un gran número de interrogantes, debido a que se trata de un asunto de índole relevante y trascendental de carácter nacional e internacional, en el cual existen intereses políticos inmersos y, por ende, a unos cuantos no les beneficia que se sepa la verdad ante la opinión pública.
Por ello, como ciudadanos y ciudadanas es fundamental hacer uso de todos los instrumentos jurídicos factibles viables para poder llegar a una verdad sólida y, mediante esta, sancionar a todas y todos los que hayan participado en este hecho delictivo que vulneró la esfera jurídica de cada uno de los estudiantes, evitando la corrupción e impunidad que, en nuestro país, cada día se hace más latente y exigiendo que todas las autoridades lleven a cabo sus funciones dentro del marco legal que se les otorga, sin dejar a un lado el principio de legalidad señalado en nuestra carta magna.
Es de vital importancia que el Estado Mexicano, ahora con la cuarta transformación, haga mucho más énfasis y una investigación más detallada sobre los hechos que acontecieron dicho día, ya que la actual carpeta de investigación tiene muchas deficiencias y contradicciones. Por lo que hace más importante y fundamental que haya presión Internacional hacia el Estado Mexicano para que se llegue a una conclusión congruente en donde se cumplan con los nuevos preceptos del nuevos sistema de justicia penal adversarial que son:
· El esclarecimiento de los hechos.
· Procurar que el culpable no quede impune.
· La reparación del daño
· Proteger inocente.
Pero para poder realizar y llevar a cabo en lo facto con cada uno de los nuevos objetivos del sistema penal de corte adversarial, es necesario que haya autoridades verdaderamente facultadas, capacitadas, imparciales y objetivas para que exista una solución real, concreta y fáctica para las víctimas y ofendidos directos e indirectos que resulten de este caso que aún no ha podido resolver el Estado Mexicano.
Aquí la cuestión planteada es, ¿qué hizo y qué está haciendo el actual gobierno para reparar el daño y castigar a los culpables principalmente? Considero que para responder a esta interrogativa tenemos que ver todas las omisiones que sucedieron desde el cabeza del ejecutivo federal, hasta llegar a lo que antes era la PGR, los cuales, dichos antecedentes no concuerdan con el reporte que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a la serie de contradicciones notorias que establece cada institución.
Quiero destacar que uno de los principales derechos que se violentaron y que casi no se habla, es precisamente el Derecho a la Salud por negligencia médica y omisión de atención, resentidas por las víctimas cuando hubo un enfrentamiento entre los propios estudiantes y las «autoridades» cuando en los camiones en donde viajaban los estudiantes y los jugadores de los avispones de Chilpancingo fueron interceptados por policías, en primer momento, y estos últimos empezaron a aventar piedras y gas lacrimógeno; obligándolos a descender del camión.
En conclusión, puedo decir que ha habido, hay y seguirá habiendo negligencias y omisiones de tal tamaño y de gran impacto como esta. Si de verdad no se toma en serio su papel el gobierno, llámese «La 4T» o de otra manera, el Estado Mexicano -en todo uso de sus facultades, elementos y efectivos-debe de proteger a la sociedad civil, no atacarla y, mucho menos, reprimirla cuando esta quiera y deba ejercer sus Derechos.
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