Por: # AldrinLeón
Lic. en Derecho #UAT
Estudiante en Especialización en Derecho Electoral #UNAM
Colaborador de #RevistaDivergencia
Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 99 de la #Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con excepción de las acciones de inconstitucionalidad, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.
Para el #ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Electoral funciona en forma permanente con una Sala Superior con sede en la Ciudad de México y seis Salas Regionales, cinco de ellas con sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales en las que se divide el país; Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. Asimismo, cuenta con una Sala Regional Especializada con sede en la Ciudad de México, de esta última, es de la que les voy a platicar.
Uno de los grandes #beneficios de la reforma en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, fue la creación de la Sala Regional Especializada, pilar fundamental para salvaguardar jurisdiccionalmente los #principios del Estado democrático.
La #Sala Regional Especializada, conoce y resuelve el procedimiento especial sancionador por #conductas que violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el séptimo y octavo párrafo del artículo 134 de nuestra Carta Magna, contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. De la misma manera, conoce y resuelve por hechos relacionados con #violencia política contra las mujeres en razón de género.
Debo decirlo, esta Sala no tiene nada de regional, ya que su competencia es en todo lo largo y ancho del país, como lo quieran ver; desde Baja California hasta Quintana Roo, o desde el Río Bravo hasta el Río Suchiate.
Por otro lado, al igual que en las demás Salas Regionales, la Sala Especializada se #integra por tres magistradas y magistrados, propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designados por el Senado de la República por un período de nueve años. La actual integración, se encuentra conformada por el magistrado Luis Espíndola Morales, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello y el magistrado presidente Rubén Jesús Lara Patrón.
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